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En el marco del proceso político transformador que se inició en el año 2003, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación seguimos profundizando la distribución de la información para que todos los ciudadanos argentinos puedan ejercer plenamente los derechos de los que son titulares, materializando la igualdad formal de la que gozan.
Además, la información juega un papel esencial en la evolución de este modelo, ya que ella es la que nos permite llevar adelante el diseño y establecimiento de políticas efectivas, adecuadas a cada realidad. En ese sentido, las estadísticas de criminalidad constituyen una herramienta fundamental
en la planificación y la ejecución de políticas públicas tendientes a formular programas específicos para actuar ante la problemática de la criminalidad.
A partir de esta concepción, desde la Secretaría de Justicia de la Nación entendemos que resulta imprescindible contar con información actualizada acerca de la situación general que vivencian los niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de su libertad en todo el país.

En los años ochenta se comenzó a producir lo que ha sido calificado como un “major shift in paradigm” (Tuck, 1988) en lo que hace a las políticas de control del crimen en diferentes horizontes culturales: Escandinavia, Francia, Países Bajos, el mundo anglosajón (EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia) y a partir de los años noventa también en Italia: el renacimiento de la prevención del delito, doblemente divorciada, del recurso penal y de la racionalidad y programa políticos de la criminología positivista del siglo XIX.
Los debates intelectuales y el diseño y gestión de estas nuevas técnicas preventivas han ido creciendo en forma exponencial aunque como bien señala Crawford (1998), aun se encuentran en su infancia.

Este artículo presenta un estado de situación de los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe y propone lineamientos para la acción.
El autor señala dos factores cruciales a tener en consideración: el espacio físico en las prisiones y la sobrepoblación por un lado; y la cantidad, selección y formación del personal penitenciario por otro. Ambos factores se analizan empíricamente, evaluando las violaciones de derechos humanos que se derivan del actual funcionamiento de los sistemas penitenciarios en la región.
El autor propone seguir el modelo penitenciario de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas y, basándose en experiencias exitosas de reformas, descarta la privatización de las prisiones como una alternativa, y aboga por programas de reforma integral de los sistemas penitenciarios y de justicia penal, que deben ir indispensablemente acompañados por políticas sociales democráticas e inclusivas, que reduzcan la inequidad de la distribución del ingreso.

A veces se considera que hay grandes diferencias entre las acciones de control y las de prevención y que, por ende, es sencillo distinguir entre ellas. El mundo real, sin embargo, es más gris que blanco y negro.

La violencia, con sus múltiples causas y consecuencias, requiere de un conjunto de soluciones que involucran la acción de diversos sectores. No existe una receta única aplicable a todas las situaciones. Pero sí hay un sinnúmero de propuestas de acción, muchas guiadas por los diversos enfoques disciplinarios que la estudian. Ellas se pueden dividir en dos grandes grupos: acciones dirigidas a controlar la violencia y aquellas dirigidas a prevenirla. La criminología y el enfoque judicial han hecho aportes significativos al primer grupo mientras que la epidemiología y el enfoque de salud pública han ofrecido una metodología orientada a la prevención.

Los alcaldes y dirigentes municipales a lo largo y ancho de Estados Unidos han sido confrontados  en los últimos tiempos por los crecientes problemas ligados a la seguridad en sus respectivas comunidades. Ello ha afectado no sólo a los grandes centros urbanos sino a las pequeñas localidades y municipalidades rurales. Un gran número de países ha experimentado igualmente rápidos incrementos similares en lo referente al delito, que sólo pareciera disminuir en los últimos años. La respuesta usual de numerosos gobiernos ha sido la de endurecer sus leyes y sus  sistemas de justicia, aumentando el personal de sus policías y los castigos en un esfuerzo por reprimir o disuadir el delito y la violencia. No obstante, las consecuencias económicas y sociales sufridas por la sociedad y por las víctimas continúan siendo enormes.