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En el marco del proceso político transformador que se inició en el año 2003, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación seguimos profundizando la distribución de la información para que todos los ciudadanos argentinos puedan ejercer plenamente los derechos de los que son titulares, materializando la igualdad formal de la que gozan.
Además, la información juega un papel esencial en la evolución de este modelo, ya que ella es la que nos permite llevar adelante el diseño y establecimiento de políticas efectivas, adecuadas a cada realidad. En ese sentido, las estadísticas de criminalidad constituyen una herramienta fundamental
en la planificación y la ejecución de políticas públicas tendientes a formular programas específicos para actuar ante la problemática de la criminalidad.
A partir de esta concepción, desde la Secretaría de Justicia de la Nación entendemos que resulta imprescindible contar con información actualizada acerca de la situación general que vivencian los niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de su libertad en todo el país.

En los años ochenta se comenzó a producir lo que ha sido calificado como un “major shift in paradigm” (Tuck, 1988) en lo que hace a las políticas de control del crimen en diferentes horizontes culturales: Escandinavia, Francia, Países Bajos, el mundo anglosajón (EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia) y a partir de los años noventa también en Italia: el renacimiento de la prevención del delito, doblemente divorciada, del recurso penal y de la racionalidad y programa políticos de la criminología positivista del siglo XIX.
Los debates intelectuales y el diseño y gestión de estas nuevas técnicas preventivas han ido creciendo en forma exponencial aunque como bien señala Crawford (1998), aun se encuentran en su infancia.

Este artículo presenta un estado de situación de los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe y propone lineamientos para la acción.
El autor señala dos factores cruciales a tener en consideración: el espacio físico en las prisiones y la sobrepoblación por un lado; y la cantidad, selección y formación del personal penitenciario por otro. Ambos factores se analizan empíricamente, evaluando las violaciones de derechos humanos que se derivan del actual funcionamiento de los sistemas penitenciarios en la región.
El autor propone seguir el modelo penitenciario de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas y, basándose en experiencias exitosas de reformas, descarta la privatización de las prisiones como una alternativa, y aboga por programas de reforma integral de los sistemas penitenciarios y de justicia penal, que deben ir indispensablemente acompañados por políticas sociales democráticas e inclusivas, que reduzcan la inequidad de la distribución del ingreso.

La globalización surgida a comienzos de los años 90, ha presionado a los países a adoptar sistemas de liberalización financiera, que permiten movimientos internacionales de capitales sin restricciones que desde el punto de vista fiscal significan liberalizar la transferencia al exterior de fondos que en la mayoría de las veces pasan a evadir el pago de impuestos en el país de origen, pero sí contribuyen a incrementar la recaudación impositiva en el país de destino.

En anteriores trabajos hemos tratado de reflejar, con base científica, el notable incremento que se registra en el mundo en general en materia de violencia y de delito. Volver a ello sería absolutamente redundante. Además, existe conciencia generalizada del fenómeno e, incluso, la percepción social suele superar a la realidad concreta. También avanzamos más allá de las estadísticas criminales, procurando alertar sobre las graves consecuencias que provocan los errores de diagnóstico en materia de política criminal, máxime cuando crisis tras crisis se reiteran los mismos argumentos y se ejecutan las mismas medidas que, lejos de operar como solución, tienden a profundizar el problema. Cuando la dirigencia no está en la avanzada de las ideas ni en el estudio serio de los conflictos sociales sino que actúa con torpeza empujada literalmente por el estímulo de voces que promueven criterios simplistas y demagógicos, lo que cabe esperar son nuevos fracasos.

No era necesario llegar a los albores del tercer milenio para afirmar que es una falsa dicotomía la que frecuentemente se plantea entre Seguridad Pública y Política Criminal. En una Política Criminal moderna e integral, la Seguridad Pública no es sólo uno de sus componentes esenciales. Es uno de los objetivos fundamentales a alcanzar.