Dr. Julio E. Aparicio

Este artículo presenta un estado de situación de los sistemas penitenciarios de América Latina y el Caribe y propone lineamientos para la acción.
El autor señala dos factores cruciales a tener en consideración: el espacio físico en las prisiones y la sobrepoblación por un lado; y la cantidad, selección y formación del personal penitenciario por otro. Ambos factores se analizan empíricamente, evaluando las violaciones de derechos humanos que se derivan del actual funcionamiento de los sistemas penitenciarios en la región.
El autor propone seguir el modelo penitenciario de derechos y obligaciones de las Naciones Unidas y, basándose en experiencias exitosas de reformas, descarta la privatización de las prisiones como una alternativa, y aboga por programas de reforma integral de los sistemas penitenciarios y de justicia penal, que deben ir indispensablemente acompañados por políticas sociales democráticas e inclusivas, que reduzcan la inequidad de la distribución del ingreso.

En los años ochenta se comenzó a producir lo que ha sido calificado como un “major shift in paradigm” (Tuck, 1988) en lo que hace a las políticas de control del crimen en diferentes horizontes culturales: Escandinavia, Francia, Países Bajos, el mundo anglosajón (EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia) y a partir de los años noventa también en Italia: el renacimiento de la prevención del delito, doblemente divorciada, del recurso penal y de la racionalidad y programa políticos de la criminología positivista del siglo XIX.
Los debates intelectuales y el diseño y gestión de estas nuevas técnicas preventivas han ido creciendo en forma exponencial aunque como bien señala Crawford (1998), aun se encuentran en su infancia.

En el marco del proceso político transformador que se inició en el año 2003, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación seguimos profundizando la distribución de la información para que todos los ciudadanos argentinos puedan ejercer plenamente los derechos de los que son titulares, materializando la igualdad formal de la que gozan.
Además, la información juega un papel esencial en la evolución de este modelo, ya que ella es la que nos permite llevar adelante el diseño y establecimiento de políticas efectivas, adecuadas a cada realidad. En ese sentido, las estadísticas de criminalidad constituyen una herramienta fundamental
en la planificación y la ejecución de políticas públicas tendientes a formular programas específicos para actuar ante la problemática de la criminalidad.
A partir de esta concepción, desde la Secretaría de Justicia de la Nación entendemos que resulta imprescindible contar con información actualizada acerca de la situación general que vivencian los niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de su libertad en todo el país.

Con este número de la revista Debates Penitenciarios, el Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) culmina un segundo año de actividades.
Durante este lapso se han abordado materias de interés para quienes se encuentran relacionados con el ámbito penitenciario, especialmente operadores del sistema, familiares de reclusos y entidades académicas.
En esta edición, el artículo central aborda el tema de la reinserción en la perspectiva de una política pública.

Uno de los temas más desarrollados en materia criminológica es el relativo a las adicciones – drogas y alcohol- y su incidencia en el delito.
Es indudable que ni la droga en sí ni el alcohol determinan un comportamiento ilícito. Tampoco incide un arma guardada en un cajón. Dicho de otra forma, habrá quienes consuman drogas o alcohol y no necesaria ni obligatoriamente lleguen al delito. De hecho es así. Pero lo precedente no obsta a considerar tanto a las drogas como al alcohol como factores coadyuvantes en la eclosión de conductas violentas y también criminales.