Desde hace muchos años estamos viviendo un aumento real de la criminalidad. Eso es indiscutible. En el año 1990 se registraron 554.771 hechos delictuosos (denuncias) en todo el país. En el año 2007 1.218.243. No cabe duda que el crecimiento del delito supera largamente el crecimiento vegetativo de la población. Estamos frente a algo parecido a una epidemia, pero si analizamos las estadísticas de otros países de la región e incluso las del primer mundo podemos observar que el fenómeno del crecimiento de la violencia en general y del delito en particular es un fenómeno global de la sociedad occidental.
De más está decir que esto no es ningún consuelo. Simplemente permite comprender que muchos argumentos locales, generalmente tomados a partir de fundamentaciones políticas, pueden sumar ingredientes negativos pero no son la única causa del problema.
Para comenzar a demostrar la ausencia de políticas serias, científicas, volvamos a la realidad nacional. En el año 2007, sobre 1.218.243 denuncias efectuadas sólo llegó a sentencia condenatoria el 2,99 %. Algo así viene ocurriendo desde no menos de 20 años. Nunca superamos en estos 20 últimos años las 3 condenas por cada 100 denuncias de delitos. Por otra parte, los estudios criminológicos indican que en nuestro país sólo se denuncia 1 de cada 3 hechos delictuosos, lo que equivale a decir que en realidad, se condena a uno de cada 100 autores de hechos ilícitos.
Lo precedente indica que el funcionamiento policial-judicial en su conjunto es ineficiente. Lo contrario sería creer que tenemos los delincuentes más habilidosos del mundo. De 100 hechos sólo esclarecen 1. Si es la policía o si son los jueces los que fracasan es una discusión compleja, pero que no tiene otros componentes. El conjunto es catastrófico y aquí vale volver a la referencia internacional. En otros países, también aumentó el delito, pero el resultado de la persecución tiene registros muy diferentes.
Por si alguien piensa que puede incidir la norma procesal, cabe recordar que en el período mencionado han regido dos códigos de procedimientos en el orden nacional y federal y que además, estamos analizando el total del país, es decir, incluyendo a las justicias provinciales, con sus propias normas procedimentales.
Saber que se sanciona a uno o a tres de cada cien delincuentes implica decir que en nuestro país reina la impunidad. El delincuente no estudia la estadística criminal, pero no le hace falta. Sabe que no va a ser aprehendido. En el siglo III A.C. dijo Platón “Más grave que el delito, es la impunidad”. Parece que lo hubiese dicho para nosotros.
Los datos precedentes nos reflejan una realidad: carecemos de una política criminal y ni siquiera hemos efectuado un diagnóstico razonable. Es más, cuando se producen hechos que trascienden a la prensa, todos opinan. Lo que a la población no siempre le llega es que todos los días ocurren crímenes similares, eso sí, con menos prensa.
Algunos piden agravar la legislación. La pregunta es ¿si sólo esclarecemos del 1 al 3% de los hechos, que ganaríamos aplicándoles más penas a ese 1 o 3% que es lo único que lograron atrapar? ¿No sería mejor cumplir bien con las leyes que tenemos y ser más eficientes antes que fantasear – y engañar al pueblo son falsas y fáciles propuestas-?.
Frente a esta situación insostenible cabe propiciar la formulación como política de estado de una Política Criminal Integral que comprenda la investigación, el diagnóstico y la planificación operativa en todos sus segmentos: el judicial, el penal, el procesal, el ejecutivo penal, el policial, el penitenciario, el postpenitenciario, el de minoridad, el de adicciones, etc.
Todo esto sin olvidar que la raíz radica en la ausencia de políticas sociales que vayan más allá del inmoral clientelismo partidario: asistencia a la mujer embarazada y a la madre jefe de familia, jardines maternales, consultorios médicos, centros educativos, recreativos y deportivos dirigidos en zonas carecientes, replanteo de la escuela para volver a su vertiente formativa primordialmente, sin perjuicio de la instructiva y de la alimentaria -que pareciera que es la única que motiva la concurrencia- aunque la deserción sigue siendo significativa. Formación profesional juvenil.
Mejoramiento global de las condiciones de vida de los habitantes de las villas de emergencia, que están en el siglo XXI pero no pertenecen a él ya que viven en condiciones infrahumanas, quizá peores a las del siglo XIX. Además, el número de sus habitantes ha aumentado y sigue aumentando, casi diría que con general indiferencia.
La única clave para que una Política Criminal sea eficiente es la reestructuración al mismo tiempo todos los segmentos. Si como algunos dicen ahora, hay que encarcelar más gente, ¿dónde los ubicaremos?… en las comisarías… y los policías no estarán en las calles sino cuidando detenidos y llevándolos y trayéndolos de los juzgados, amén de los motines de los que frecuentemente nos anoticiamos. Consecuentemente con las calles más desprotegidas habrá más delitos y luego más detenidos… el círculo vicioso
¿Cómo supervisamos el cumplimiento de la libertad condicional o de la llamada probation si cada juez de ejecución tiene 10.000 supervisados a su cargo? ¿Esto es nuevo?: No, lo saben todos. Hay un 20% de los procesos penales que duran más de 3 años. ¿Eso es novedad?, No. Hay muchos que quieren bajar la edad de la punibilidad, pero ¿alguien tiene idea de qué se hace como tratamiento concreto hoy con un niño o un joven en un establecimiento supuestamente destinado a ellos? .¿Alguien ha correlacionado la internación en esos establecimientos con posteriores procesos penales llegada la edad de punibilidad?.
En algunos Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires hay que esperar tres o cuatro años para “tener turno” para el juicio. En el orden nacional la Justicia en lo Correccional suma miles de expedientes por año de los que sólo puede resolver no sin esfuerzo la cuarta o quinta parte. Los internos en establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense son aproximadamente en un 70% procesados. Todo esto es nuevo… No.
Frente a las propuestas referidas a la supuesta desincriminación de la tenencia de drogas para el consumo personal, ¿tenemos un registro de la capacidad instalada asistencial para atender gratuitamente a los adictos? Y hablando de drogas, ¿es posible que un adolescente cualquiera sepa dónde puede conseguirse tal o cual substancia pero que ello escape al conocimiento de las autoridades? Lo mismo pasa con los llamados “quioscos de armas”. Son invisibles. Como los desarmaderos ilegales, y eso que ellos son bien grandes…Sin desarmaderos se reduce el número de robos de automóviles que tantas veces terminan en homicidios. Sin armas y sin drogas el peligro disminuye al mínimo.
Sólo puede ser útil para comenzar lentamente a remontar el camino encarar globalmente la situación con un Plan Integral, sin olvidar que el componente más importante, más humano, más ético y además el más barato, es la prevención del delito. Pero nosotros carecemos de programas extendidos de prevención que cubran todo el territorio nacional. Diría que no tenemos prevención.
Después cuando se produce una víctima y aparece un victimario nos escandalizamos. Pero una condena por severa que sea no le devuelve la vida a la víctima ni la paz a su familia.
La única prevención real es la que tomamos nosotros, los habitantes, restringiendo el marco de nuestras actividades por temor al delito, gastando recursos en medidas de seguridad, en vigilancias privadas, poniendo rejas y cámaras. En otras palabras, perdiendo nuestra calidad de vida. Otros ni siquiera tienen posibilidades para eso.
Para advertir sobre la cuestión causas y efectos, valgan algunas referencias: los niños en situación de calle, ¿qué futuro tienen?. Los 500.000 jóvenes que en la provincia de Buenos Aires no estudian ni trabajan, ¿qué futuro tienen? Los niños del NOA donde la pobreza y la indigencia supera en el doble o triple el promedio nacional, ¿qué futuro tienen?. Los niños y jóvenes consumidores de paco, extendido exponencialmente en los grupos carecientes ¿qué futuro tienen?
Prevención y represión no son antinomias. Son complementos inseparables. Las dos caras de la moneda.
En salud pública debo hacer prevención con el sano y curar al enfermo. Eso lo entendemos todos y también sabemos que cuanto más prevenimos, menos enfermos tenemos. En Criminología mencionar prevención pareciera integrar el equipo de las palomas… frente a una realidad donde a los halcones no les va muy bien…
Cansados de ver el fracaso de luchar contra los efectos e ignorar sistemáticamente sus causas, podemos decir con Irving Waller: “Duro con el delito, pero también duro con sus causas”.
Los viejos criollos decían “Una vez que el chico se ahogó, María tapa el pozo”.
Debiéramos incorporar seriamente el análisis de los principales factores que han contribuido notoriamente en el incremento y en la gravedad del delito en Argentina y en general en el mundo occidental. Ellos son, La Cultura de la Violencia, la Crisis de la Familia, La Proliferación de Armas de Fuego, El Alcohol y las Drogas, la Crítica Situación de la Niñez y de la Juventud y la Destrucción de las Redes de Contención Social.
Solo programando integralmente podremos ir mejorando el conjunto. “El problema criminal, más que penal es social” (ONU, 1980). Claro que para trabajar en esta línea tenemos que esperar cierto tiempo antes de obtener resultados y en nuestro país el futuro es la próxima elección.
Julio Enrique Aparicio
5 de enero de 2010
Criminólogo
Profesor Titular Consulto de la Universidad de Buenos Aires
Profesor Titular del Postgrado en D.Penal de la U.C.A.
Ex Secretario de Política Criminal y Penitenciaria de la Nación