El programa se llama «Entrevistas antes de la ejecución» y es el nuevo éxito de la televisión del gigante asiático. Más de 40 millones de personas lo siguen por semana. El régimen busca apoyo para la aplicación de la pena capital. Pekín ejecuta a cerca de 8.000 personas al año.
Un reality show que ofrece entrevistas televisivas a condenados que se encuentran en corredores de la muerte está avivando el debate sobre la pena capital en China, justo en un momento en el que se conmemora el 42º aniversario de la ejecución del disidente Yu Luoke.
Pero el debate podría saltar al panorama internacional el lunes, cuando la BBC emita un programa de una hora de duración basado en el metraje de la presentadora Ding Yu de las series del mismo nombre, emitidas en Henan Legal Television.
Las entrevistas televisivas de Ding con hombres y mujeres en los corredores de la muerte de la provincia de Henan comenzaron en noviembre de 2006 y pretendían aparentemente apoyar la aplicación de la pena de muerte y servir como elemento disuasivo.
En el prefacio de un libro basado en las series, el director de Henan Legal Television aseguró que las entrevistas se habían hecho «gracias al espíritu humanitario para la reforma legal en China».
Sin embargo, al ser contactada, la televisión Henan se negó a hablar sobre la serie «Entrevistas antes de la ejecución». Y debido a la reciente atención internacional, el medio incluso borró los enlaces que llevaban a los videos de los programas.
Con la supervisión de la Policía y de las autoridades judiciales, Ding entrevistó a más de 200 condenados. Uno de ellos fue Xue Hongxin, quien le confesó que había matado a los padres de una mujer que lo engañó y abandonó.
En otro episodio, Ding se reunió con Rongting, un homosexual condenado a muerte por haber asesinado a su madre. Bao coincidió con la evaluación de Ding, de que la furia contra su madre se acumuló porque ella se oponía a sus relaciones con otros hombres y luego su esposa lo dejó.
«Yo no simpatizo con ellos, sólo siento pena», dijo el mes pasado Ding, citada por el semanario Shidai Zhoubao.
Para los defensores de derechos humanos, «la aplicación de la pena capital en un sistema reservado, al que le falta independencia judicial y defensa de derechos humanos, es altamente problemática», dijo Nicholas Bequelin, investigador de Human Rights Watch residente en Hong Kong.
En cuanto a la difusión de las entrevistas, «no se dan en absoluto las condiciones para la información y el consentimiento previo de los condenados que van a ser filmados», aseguró Bequelin.
Además, «cualquier programa público sobre la pena de muerte debería incluir datos fundamentales como, por ejemplo, la negativa del gobierno a dar estadísticas del número de personas ejecutadas cada año», agregó.
La cantidad de ejecuciones es un secreto de Estado, sin embargo las estimaciones de Amnistía Internacional indican que China todavía ejecuta a más personas al año que la suma total de ejecuciones en el resto del mundo.
El abogado Liu Renwen manifestó en un foro sobre la pena capital que China redujo en la mitad el número de ejecuciones en los últimos cuatro años, después de que el Tribunal Supremo del Pueblo comenzara a revisar todas las sentencias de muerte.
La prensa estatal citó a Liu, quien en 2006 dijo que una estimación de cerca de 8.000 ejecuciones anualmente era «realista».
Según el abogado, China probablemente ejecutó a más de 10.000 personas al año antes de 1997, cuando se abolió la pena capital por robo.
Tres décadas después de que el disidente Yu Luoke fuera ejecutado por un pelotón, China comenzó a utilizar inyecciones letales, un método que consideró más humanitario.
En este sentido, Amnistía Internacional expresó su preocupación alegando que el uso de la inyección letal, especialmente en unidades móviles, podría facilitar el uso de los órganos de las víctimas en trasplantes.
«Todos los juicios, incluidos aquellos que acaban en penas capitales, no alcanzan los estándares internacionales de un proceso justo», sostiene la organización, agregando que China tiene una tasa de «cerca del 100 por cien de condenados» en procesos criminales.
Abogados, estudiantes, activistas de derechos humanos y la prensa estatal ahora abogan por el indulto de Wu Ying, una mujer de 31 años condenada por recaudación ilegal de fondos (hasta 770 millones de yuanes/122 millones de dólares) en la provincia de Zhejiang.
Wu perdió su apelación el mes pasado, pero en un gesto poco frecuente, el Tribunal Superior del Pueblo prometió verificar «cuidadosamente» su sentencia.
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