SAN PABLO.- Pánico, caos, 81 muertos, 90 ómnibus incendiados, decenas de prisiones amotinadas y la más violenta declaración de guerra del crimen organizado contra el Estado brasileño en toda su historia.
El «lunes negro» que ayer vivió San Pablo difícilmente será olvidado. Se lo recordará como el día en que el jefe de una organización criminal logró tomar de rehén a la capital económica de Brasil con una llamada de celular en la que convocó a la delincuencia a matar policías, incendiar, atacar comisarías, amotinar prisiones, tirar bombas y difundir el terror.
Anoche, en el tercer día desde la declaración de guerra, ya eran 180 los atentados cometidos por delincuentes en todas las zonas de San Pablo, desde las más humildes hasta las más ricas. La ciudad quedó paralizada por el miedo y la paranoia: las escuelas mandaron a los chicos de vuelta a sus casas, el transporte público dejó de funcionar, los negocios y los shoppings cerraron a media tarde y las empresas permitieron que sus empleados volvieran antes a sus hogares.
En tres días fueron asesinados a sangre fría 22 policías militares, seis policías civiles, tres guardias municipales, ocho agentes penitenciarios y cuatro civiles que los acompañaban. En enfrentamientos con la policía murieron 38 delincuentes.
«Estamos en guerra contra ellos [los criminales]. Vamos a tener bajas, pero no vamos a retroceder», declaró ayer en conferencia de prensa el coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, comandante de la Policía Militar.
Después de varias promesas de inversiones en políticas de seguridad a lo largo de sus tres años y medio de gobierno y varios episodios de violencia -principalmente en Río de Janeiro-, ayer el presidente Luiz Inacio Lula da Silva cambió de argumento. «En un momento como éste no vale la pena imaginar que alguien pueda hacer magia para resolver el problema del crimen organizado. No es algo simple de combatir. El crimen tiene sus brazos diseminados por el mundo entero. Necesitamos usar la inteligencia», propuso. Según el mandatario, los atentados «fueron una provocación, una demostración de fuerza del crimen organizado».
Como Brasil es una república federativa, la atribución de la seguridad en San Pablo les corresponde a las autoridades del gobierno del estado y no al gobierno nacional.
El ministro de Justicia de Lula, Marcio Thomaz Bastos, puso a disposición las tropas del ejército, pero hasta ayer a la noche San Pablo no había aceptado el ofrecimiento.
Lula negó que la campaña electoral estuviera afectando la coordinación de un contraataque de las fuerzas de seguridad contra la violencia (el estado de San Pablo es gobernado por quien era vice de Geraldo Alckmin, el candidato socialdemócrata a la presidencia en las elecciones de octubre próximo). «No creo que exista alguien así de mezquino. Más cuando hay muchas víctimas y soldados que defendían a la sociedad brasileña y fueron asesinados», dijo Lula ayer.
La ola de ataques incluyó motines en 71 cárceles de la ciudad, donde más de 300 personas fueron retenidas como rehenes. Por otro lado, unos 10.000 colectivos -de los 15.000 que operan en San Pablo- fueron sacados de circulación ayer, lo que dejó a casi 3 millones de personas sin transporte. Una amenaza de bomba llevó a las autoridades a evacuar el patio principal del aeropuerto de Congonhas.
El estado de conmoción que dominó la ciudad hizo que la Bolsa de Valores de San Pablo cancelara el after market , una negociación de acciones que ocurre entre las 17 y las 19.30.
Marcos Willians Herbas Camacho, alias «Marcola», ladrón de bancos y jefe de la organización criminal carcelaria Primer Comando de la Capital (PCC), ordenó el viernes pasado la ola de atentados desde su celda, después de que el gobierno del estado de San Pablo decidiera transferir a 760 integrantes del PCC a una prisión de máxima seguridad en el interior.
El PCC no es una organización de narcotráfico ni un cartel. Se trata de una estructura carcelaria, con ramificación en todas las penitenciarías y en todo el mundo del crimen en San Pablo. Es una especie de sindicato del crimen, con mensualidad, estatuto y penalidades, casi siempre la muerte. Traficantes, ladrones y secuestradores son los socios principales de una organización que en trece años de existencia logró superar en tamaño y poder de fuego a Comando Vermelho, su versión de Río de Janeiro.
«No puedo. Ahora ya di la orden», dijo «Marcola», cuando fue llevado el sábado pasado ante el comisario del Departamento de Investigación del Crimen Organizado, Godofredo Bittencourt, que le pidió que detuviera la ola de atentados.
Amenaza
Según información del sitio de noticias de Internet Terra Magazine, «Marcola» habría ido más lejos. Cuando el comisario le comentó que sabía que el PCC estaba planeando matar a un comisario de la seccional 55 de San Pablo, «Marcola» respondió: «No, doctor; no es verdad. A quien voy a matar es a usted».
Los «soldados» del PCC son delincuentes o ex presidiarios, que para mostrar lealtad o pagar sus deudas ejecutan las acciones que le fueron ordenadas en cadena desde la orden de «Marcola». Son los llamados «benladens», por su condición de hombres bomba de la organización.
Ayer no se sabía si la tendencia era que la ola de ataques se redujera o si iba a continuar durante la noche. Pero el abogado de «Marcola», Anselmo Maia, advirtió en una entrevista con el diario O Globo que la violencia no iba a detenerse con más acción policial: «Nunca pueden olvidarse. Es insano pensar que eso funcione».
Uno de los ataques fue una demostración de lo que la organización puede hacer: quince vehículos cargados de hombres armados llegaron a la seccional 55 de San Pablo. Bajaron, dispararon 150 tiros y partieron. Los cinco policías que había dentro hicieron todo lo que podían hacer: esconderse.
Por Luis Esnal
Corresponsal en Brasil
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806411