Con la nueva constitución indigenista de Bolivia, aprobada en enero, ganó legitimidad la «justicia comunitaria», el sistema tradicional de castigos colectivos. Pero si bien esta forma de impartir penas sólo es admitida para delitos menores, cada vez son más frecuentes las vejaciones y los violentos linchamientos públicos.
ACHACACHI, Bolivia
Ellos eligieron el pueblo equivocado para el delito. La noche del 11 de noviembre de 2008, mientras el pueblo estaba de fiesta popular, celebrando el día de San Cristóbal, once personas llegaron sigilosamente en bus a Achacachi, en el altiplano boliviano, a más de cuatro mil metros de altura. Su intención era la de desvalijar a los borrachos. Y lo consiguieron. Pero la sensación de triunfo duró poco. La prueba fehaciente es que algunos meses después, a la entrada del pueblo, se encuentran los restos calcinados del bus que ardió en llamas aquella noche. Al frente, una inscripción pintada con aerosol blanco lee: «Nos quemaron por ladrones».
Los once atracadores fueron capturados gracias a que una pareja dio la alarma mientras intentaban sustraerles sus pertenencias. Los pobladores hicieron sonar petardos, señal de que algo grave había sucedido, y por los megáfonos se convocó a las autoridades locales. Mientras, una turba enfurecida prendió fuego al micro, y los delincuentes fueron trasladados al pequeño estadio local, donde los obligaron a desnudarse, los golpearon y los hicieron arrodillarse. Los ánimos estaban caldeados y tras ser vejados, les echaron gasolina y luego los prendieron fuego.
Todo eso mientras los pobladores, entre ellos varios niños, observaban sentados desde las gradas de cemento cómo los presuntos ladrones se revolcaban en la tierra para apagar las llamas. Mientras tanto, allí se llevaba a cabo una reunión de algunos dirigentes locales para definir qué hacer con los asaltantes. La primera propuesta fue matarlos y colgarlos de los arcos, pero se impuso la posición del alcalde y líder de la agrupación indígena conocida como Ponchos Rojos, Eugenio Rojas, quien sugirió entregarlos a las autoridades. Para ese entonces, dos de ellos, Javier Quenta Alípaz y Víctor Mamani Puña, ya estaban agonizando, y murieron al poco tiempo. «Denme raticida para morir de una vez», se dice que fue una de las últimas súplicas de Quenta Alípaz luego que las llamas envolvieran su cuerpo.
«La policía no podía hacer nada, nada de nada», dice Alejandro, un poblador de Achacachi. ¿Qué van a hacer unos pocos policías, a los que de por sí no se los toma en cuenta, contra 2000 personas furiosas? En el estadio, los policías querían evitar que los quemen, pero casi los linchan a ellos también. Se escuchaba que la gente gritaba «justicia comunitaria» como si fuese un grito de guerra», agrega.
Un pueblo con historia
El pueblo de Achacachi ha sido históricamente un bastión mítico en la defensa del orgullo y de los derechos indígenas, entre ellos la llamada «justicia comunitaria».
Fue desde este pueblo del altiplano, muy cercano a las orillas del Lago Titicaca -rodeado de pobreza, humildes casas de adobe, llamas y mujer es indígenas con bombines, trenzas y polleras de pliegos- desde donde partieron las milicias indígenas hacia La Paz durante la revolución de 1952, que confirió por primera vez en la historia del país andino algunos derechos a la mayoría indígena, como el voto. Fue desde aquí donde lo que algunos acusan de ser una milicia indígena, los Ponchos Rojos, partieron hacia La Paz -látigos, hondas y rifles Mauser de la Guerra del Chaco en mano- para deponer al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Cuenta la leyenda que es aquí donde descansa -después de haber sido descuartizado- el brazo izquierdo del líder indígena Túpac Katari, quien se rebeló contra los españoles y sus aliados mestizos a finales del siglo XVIII, sitiando la ciudad de La Paz. Y es aquí donde la recientemente aprobada nueva Constitución tuvo una aceptación de casi el cien por ciento.
«Esta Constitución nació aquí en Achacachi, sangre se ha derramado de nuestros hermanos para que se respeten nuestros derechos. Ahora, con la nueva Constitución, la policía y los abogados casi no van a tener entrada aquí. La justicia ordinaria tarda demasiado en tomar decisiones y a veces nunca lo hace. En la justicia comunitaria las decisiones se toman en un día o a veces menos, es mucho más efectiva. Lo que la justicia comunitaria arregla en dos horas, la justicia ordinaria lo arregla en dos años. La justicia ordinaria es sólo dinero», dice en la plaza de Achacachi Rufo Yanarico, uno de los antiguos líderes de los Ponchos Rojos, luciendo orgulloso su poncho color carmín con rayas negras mientras muestra una pequeña copia de la Constitución.
La nueva «Constitución Política del Estado», como se la llama, fue aprobada por la mayoría de la población en un referéndum el pasado 25 de Enero. La aprobación fortalece políticamente al primer presidente indígena del país andino, Evo Morales, y a las transformaciones radicales que ha encarado para «refundar» Bolivia. Tal vez el cambi o más profundo que propone el texto constitucional es la reivindicación de la mayoría indígena que, por ejemplo, hasta hace tan solo 50 años no tenía permitido transitar por la Plaza Murillo de La Paz, frente al Palacio Presidencial.
Sin embargo, estas reivindicaciones podrían enfrentar dificultades en su aplicación, al generarse zonas grises entre las instituciones nuevas y las que actualmente están en funcionamiento o dejen de estarlo. El texto reconoce la organización comunitaria de las 36 etnias bolivianas y la potestad de sus líderes, algo que -para los críticos- podría provocar una superposición de jurisdicciones con las autoridades ya establecidas. Asimismo, este aspecto ha despertado el recelo de los departamentos fuertemente opositores al gobierno, ubicados en el Oriente boliviano, que votaron en contra de la nueva Constitución, que el año pasado aprobaron estatutos autonómicos en forma unilateral y que se resisten -a veces violentamente- a perder atribucion es.
«Aquí la gente no va primero a la justicia ordinaria, va directamente a ver a su Secretario General o a su Jilakata [autoridad indígena andina] cuando hay una disputa o un crimen, y éste llama a una audiencia, que es siempre clara y rápida. En la justicia ordinaria las audiencias son muy lentas y no son tan claras, hay veces que hasta se puede comprar a un testigo o a una autoridad, o se tiene dinero para un buen abogado. En la comunidad nadie miente, los procesos son más claros, es más sano, el arreglo es más concreto», agrega Yanarico, que fue Secretario General de la comunidad de Tacamara, en las afueras de Achacachi. En esta zona muchas veces las autoridades encargadas de impartir justicia ordinaria primero preguntan si el Secretario General -o Jilakata- está llevando el asunto, y recién una vez que la autoridad local les da luz verde entran en juego la policía y los jueces ordinarios. Este tipo de procedimiento se practica ya en las comunidades y ahora, con la nueva Constitución, más aún, ya que ha sido legitimado.
Las sanciones van del trabajo comunitario -como hacer ladrillos de adobe o cavar una acequia-, pasando por los chicotazos en ciertas partes del cuerpo desnudo en la plaza central, hasta el destierro y la destrucción de su propiedad , o bien su confiscación para beneficio comunal, siendo éste el castigo mayor. «Pero a veces las cosas se van de las manos, cómo el día de San Cristóbal, y si una persona ha persistido en el robo, la comunidad la cuelga de un poste o un árbol. La furia a veces rige. Pero ese no es el castigo que uno busca por la justicia comunitaria», dice Yanarico.
Al día siguiente de ocurridos los incidentes de Achacachi, el ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada, anunció que la policía y la fiscalía esclarecerían el linchamiento. Aseguró que estos hechos son un delito, no un ejemplo de justicia comunitaria. «No se puede cometer un delito por otro delito», dijo en aquella oportunid ad.
Límites difusos
La recientemente aprobada Carta Magna boliviana le confiere al sistema judicial de aymaras, quechuas y otras comunidades indígenas el mismo estatus que a la justicia ordinaria en muchos casos. «No se puede confundir linchamiento con asesinato. He escuchado decir: «Esta clase de justicia plural quiere implementar el actual gobierno»», dice Valentín Ticona, Viceministro de Justicia Comunitaria. «Eso dice la oposición; pero quiero decirles que no sigan con posición racista, porque al confundir linchamiento con justicia comunitaria nos están criminalizando y discriminando [a los indígenas].»
Pero, sí, algunos bolivianos, sobre todo los opositores al gobierno de Evo Morales, creen que esta provisión podría causar un conflicto de competencias con los tribunales del Estado, además de temer que se legitimen de facto castigos colectivos como linchamientos y lapidaciones, hechos que se han vuelto más comunes en los últimos años (según cifras no oficiales, más de 50 sólo el año pasado).
Sin embargo, el antropólogo boliviano Alvaro Díez Astete asegura que ambos sistemas judiciales ya han convivido en Bolivia sin mayores problemas. «Las justicia comunitaria no reemplaza a la que aplica el Estado, como muchos creen, ya que tiene funciones precisas y actúa en determinados delitos, como el adulterio y el robo», explica. «Una asamblea determina la inocencia o la culpabilidad del acusado, y los casos de asesinatos o robos agravados son remitidos a la policía y a los tribunales ordinarios», agrega.
Pero evidentemente en la Bolivia de hoy algunas personas confunden la justicia comunitaria con los linchamientos. Entre otros notorios incidentes, hace un año, en el pueblo de Epizana, cerca de la ciudad de Cochabamba, tres policías acusados de extorsión fueron linchados por pobladores enfurecidos. El incidente hizo que la oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresara en esa oportunidad su profunda preocupación por la violencia y deplorara esos sangrientos linchamientos. «La debilidad del aparato de justicia, sumada, en algunos casos, a la reacción tardía de los agentes de seguridad, favorece un cuadro de impunidad que alienta a la repetición de este tipo de conductas», se señaló.
En su humilde casa de Cochabamba, vestida de luto y con los ojos llenos de lágrimas, Margarita, madre de Walter Avila, uno de los policías linchados en Epizana, pregunta: «¿Qué clase de justicia y legalidad puede uno esperar cuando se ve rodeado de casos de linchamiento aquí en Bolivia?» Sentada a su lado, Mirna, la joven viuda de Walter, dice consternada, mostrando una foto de su marido en uniforme, que uno hubiese tenido más pena por un animal. «La gente no entiende que la justicia comunitaria no es asesinar, torturar y matar gente; lo que le pasó a mi marido no fue justicia comunitaria, fue simplemente un brutal asesinato.»
P ero la trágica confusión sigue latente a lo largo y a lo ancho del país: la policía de Bolivia investiga ahora el supuesto linchamiento en una localidad del altiplano de un padre y su hijo que murieron ahogados semanas atrás en el lago Titicaca, donde presuntamente fueron arrojados tras haber sido torturados, acusados de un robo. Y en la ciudad satélite de La Paz, El Alto, lugar de mayoría indígena donde la Constitución fue promulgada el 7 de Febrero, muñecos colgados de los postes de luz con la inscripción «Me colgaron por ladrón» son moneda corriente. Y la cosa preocupa, inclusive a autoridades de alto nivel. «Ultimamente hemos visto muchos linchamientos y hay gente que asocia esto con la justicia comunitaria», explicó a LA NACION en su oficina de La Paz la Ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico, vestida con su clásico atuendo de indígena del trópico de Cochabamba debajo de la multicolor bandera indígena, o whipala. «Pero no, esto no es aceptable; no es aceptable que la gente tome la justicia por mano propia. La justicia por mano propia no es algo reconocido por nuestras normas ni por nuestra Constitución. Esta confusión es muy preocupante porque linchar a alguien es simplemente un crimen.»
Andres Achipani
Para LA NACION
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