Nazanin, una joven iraní, fue condenada el mes pasado a morir ahorcada, acusada de haber matado a un hombre que intentó violarla cuando tenía 17 años. Su caso ha llamado la atención mundial sobre la pena capital aplicada a menores en su país.
ROMA.- Es cada día más intensa la campaña mundial para salvar la vida de Nazanin, la joven que en enero pasado fue condenada a morir ahorcada en Irán, acusada de homicidio. En Teherán, en marzo de 2005, cuando tenía 17 años, Nazanin habría matado a cuchilladas a uno de los dos hombres que intentaban violarla. Se trata del enésimo caso de menores condenados a muerte en Irán, donde un régimen totalitario y misógino desconoce los más elementales derechos humanos, y en particular los de las mujeres.En las cárceles de menores en Teherán y en Rajai-Shahr hay por lo menos 30 condenados a muerte que tenían menos de 18 años cuando cometieron sus delitos. El año pasado, por lo menos 8 menores en esas condiciones fueron ahorcados en flagrante violación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El régimen iraní, que oprime con inaudita violencia a sus propios ciudadanos, también representa una amenaza para la comunidad y la seguridad internacionales, como lo demuestran sus ambiciones nucleares y las declaraciones públicas de su presidente contra la existencia del Estado de Israel.
Para Que Nadie Toque a Caín, la asociación internacional cuyo objetivo es la abolición de la pena de muerte en el mundo, en Irán están en juego lo derechos humanos y la democracia. Para nosotros, la democracia en Irán comienza por la preservación de la vida de Nazanin y de todas las mujeres recluidas en los brazos de la muerte del régimen.
Por ello, nos hemos dirigido a los representantes de la comunidad internacional para pedirles que obliguen a Irán a respetar el derecho a la existencia de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el derecho a la libertad y la democracia. En Irán se aplica la pena de muerte a los casos de homicidio, robo a mano armada, estupro, blasfemia, apostasía, conspiración contra el gobierno, prostitución, homosexualidad y delitos vinculados a la droga. Está prevista la pena capital por la posesión de 30 o más gramos de heroína o de cinco o más kilos de opio.
Según las autoridades -que sin embargo no brindan cifras oficiales-, la mayor parte de las ejecuciones en Irán están vinculadas al tráfico de drogas. Pero en opinión de los círculos dedicados a la defensa de los derechos humanos, muchos de los ejecutados por delincuencia común, y particularmente por tráfico de drogas, podrían ser en realidad opositores políticos.
La ley islámica vigente en Irán contempla, además de la pena capital, la fustigación para quien practica relaciones sexuales prematrimoniales y el consumo de alcohol, y el corte de manos y pies para los rateros. No se trata de casos aislados y se ejecutan en abierta violación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Convención Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, de la que Irán es signatario.
En diciembre de 2003, el Parlamento iraní aprobó la creación de tribunales especiales para menores y excluyó la ejecución por crímenes cometidos antes de los 18 años. Esta propuesta, que debe aún ser aprobada por el órgano superior de control legislativo, el Consejo de los Guardianes, también exime a los menores de la prisión perpetua y de la fustigación. Las ejecuciones se efectúan generalmente por ahorcamiento y en menor número por lapidación. En estos casos se envuelve al condenado en un sudario blanco de la cabeza a los pies y se lo entierra -a las mujeres hasta las axilas y a los hombres hasta la cintura-. Funcionarios y civiles autorizados apedrean al condenado hasta su muerte.
En mayo de 2003, el gran ayatollah Naser Makarem Shirazi emitió un edicto religioso que prohíbe a los jueces sentenciar a muerte por lapidación. Y en enero de 2005, el vocero del poder judicial, Jamal Karimirad, declaró a la prensa extranjera que «en la República Islámica ya no se lapida ni se ejecuta a menores de edad. Desmiento las falsas noticias que afirman lo contrario y tienen por objetivo presentar una imagen negativa de Irán». Al parecer existe una contradicción entre las afirmaciones de las autoridades iraníes y las sentencias de los jueces islámicos. Durante el año pasado, los tribunales islámicos de diversas instancias continuaron emitiendo condenas a muerte mediante lapidación que, sin embargo, no fueron cumplidas.
Lo cierto es que el año pasado Irán ha vuelto a ocupar los primeros puestos entre los estados verdugos. Ha habido por lo menos 113 ejecuciones, contra 197 en 2004. Esto significa el segundo puesto en cantidad de ejecuciones, después de China, y sería el primero en proporción a la población de ambos países. Pero las cifras reales podrían ser más elevadas: las autoridades no suministran estadísticas oficiales de manera que nuestros cómputos se basan en las noticias publicadas en la prensa iraní, que evidentemente no informa sobre todas las ejecuciones.
Por Elisabetta Zamparutti
© IPS y LA NACION
La autora, abogada, es la coordinadora del informe anual de la asociación internacional Que Nadie Toque a Caín, sobre la pena de muerte en el mundo.