El presidente italiano Giorgio Napolitano promulgó hoy una ley de indulto que fue aprobada por el Parlamento y que está destinada a descongestionar las cárceles en ese país. La norma beneficiará a unos 12.000 detenidos, y prevé una reducción de las condenas en tres años para quienes hayan cometido delitos antes de mayo de 2006, pero incluye muchas exclusiones. Se aplicará para quienes estén acusados de homicidios, robos y delitos financieros. Pero quedarán excluidos delitos como terrorismo, banda armada, masacre, esclavitud, prostitución de menores, pornografía infantil, violaciones, secuestros y tráfico de drogas. La resolución generó polémica y enfrentamientos en el Senado.
Tampoco podrán obtener reducciones en sus penas los condenados por delitos relacionados a la mafia. La aprobación de la medida de «clemencia» provocó en los últimos días fuertes tensiones en la mayoría de centroizquierda. El ministro Antonio Di Pietro, ex fiscal de la operación judicial «Manos Limpias», se manifestó en contra de la aprobación y reclamó que quedasen excluidos del indulto los delitos fiscales. En Italia hay 207 cárceles que llegaron a albergar a 61.392 reclusos; es decir, 18.433 por encima de su capacidad real, según Antigone, una asociación de defensa de los derechos de los detenidos.
Napolitano sostuvo que hay repensar el sistema carcelario en Italia de forma «completa». El presidente italiano apuntó también a la duración de los procesos judiciales, y definió que existe «una gravísima anomalía en el orden interno». La resolución implica un indulto que rebaja en 3 años las penas. La medida fue duramente criticada por el ministro de Infraestructuras y líder del partido Italia de los Valores, el ex juez Antonio Di Pietro, quien encabezó varias protestas. La protesta de Di Pietro provocó la ruptura en la coalición gubernamental «La Unión» y el enfrentamiento con el ministro de Justicia.
El ex juez Di Pietro, quien llevó casos de corrupción en el mundo político durante los ’90, se opuso al indulto ya que se aplicará también a todos los delitos financieros o contra la administración pública. Sin embargo, el apoyo de parte de la oposición estaba condicionado a que la medida se aplicase a estos delitos. Di Pietro comentó que así se beneficiarían los acusados en las quiebras financieras de Cirio y Parmalat, así como el diputado de Forza Italia y ex abogado de Berlusconi, Cesare Previti, condenado hace unos meses a 6 años de arresto domiciliario: con la reducción podría cumplir su condena con un servicio social.
http://www.clarin.com/diario/2006/07/31/um/m-01243754.htm