Las cárceles brasileñas reproducen los niveles de violencia y exclusión que existen en el segundo país con la peor distribución de la riqueza del mundo, y quienes han pasado por la experiencia carcelaria aseguran que el Estado encara el gravísimo problema con políticas erradas.

Artur (1) entró «al sistema», como él mismo llama a la cárcel, a los 20 años. Hijo de una familia de clase media y nacido en Brasilia, fue condenado a 15 años por un crimen que prefiere no recordar.

 

Cinco años después salía de prisión, preguntándose cómo se vuelve a la vida normal después de vivir lo que él había vivido.

«En la prisión presencié muertes, palizas, insalubridad generalizada, hacinamiento, ocio, tráfico de drogas, violencia física y sicológica; pero lo que más me impacto fue ver cómo muchas muertes sucedieron por falta de preparación de los policías que custodiaban la prisión», recuerda Artur, que durante su cautiverio comenzó una carrera universitaria que terminaría poco después de salir en libertad.

Marginación sistemática

«Sé que soy una excepción, porque mi familia me apoyó siempre, porque tenía una formación cultural y social antes de entrar al sistema penitenciario. Pero al salir me di cuenta que eso no servía de mucho; en la universidad la mayoría me marginó por ser negro y ex presidiario», recuerda Artur, quien prefiere no ser fotografiado y defiende su derecho a tener voz en una sociedad donde los presidiarios y ex presidiarios son sistemáticamente marginados.

Población carcelaria en algunos países de A. Latina (2003)
Argentina 60.000
Brasil 290.000
Chile 37.000
Colombia 58.000
Costa Rica 8.000
El Salvador 11.400
Perú 29.000
Fuente: Ministerio de Justicia de Brasil

Por todas las fallas que observó desde adentro del sistema penitenciario brasileño es que Artur trabaja ahora en una organización no gubernamental llamada Catatau, que ofrece asistencia a presos que están por salir en libertad y a sus familiares.

«Catatau se les dice a los papelitos clandestinos que usan los presos para comunicarse dentro de la cárcel, y esta ONG pretende ser eso, la voz de quienes no tienen derechos sólo deberes», dice, aunque advierte que no hace apología del delito, que quien viola las leyes debe ser castigado, pero también debe tener la posibilidad de redimirse.

En esa fundación se favorece el ingreso de los ex presidiarios al mercado laboral, la prevención de enfermedades sexualmente transmisibles y la ayuda social a sus familias.

 

Población creciente

María, que a los 35 años ya tiene seis hijos, perdió de un día para otro su única fuente de sustento.

Sus hijos, Adriano y Jeferson, de 18 y 20 años, cayeron presos el mismo día por robo; ellos eran los únicos que llevaban dinero a la humilde vivienda de la periferia de Brasilia.

A través de sus hijos presos, que fueron contactados por Catatau, María se enteró de que podía calificar para programas de ayuda social que el Estado distribuye entre los más pobres.

«Corrí a buscarlos; tengo que velar por mis otros hijos», dice la mujer.

 

En Brasil por cada 5.897 presos liberados cada mes, 9.391 entran a las cárceles. Los motines y asesinatos en las prisiones son frecuentes, pero no existen cifras oficiales al respecto; tampoco se sabe a cuántos presos atiende cada agente penitenciario, por falta de estadísticas unificadas a nivel nacional.

 En Brasil existen unos 330 mil presos, y la población penitenciaria casi se triplicó entre 1992 y 2004.

De ese total, unos 135 mil están en régimen de prisión cerradas, y el resto bajo otras modalidades.

«La perspectiva es que esa población siga creciendo a pasos agigantados; en este momento, por ejemplo, tenemos un déficit de 70.000 vacantes en el sistema penitenciario y para suplirlo tendríamos que construir unas 100 cárceles en todo el país», explica Mauricio Kuehne, director del Departamento Penitenciario del Ministerio de Justicia.

 

Piden penas alternativas

Pero el déficit no es sólo de cárceles, ya que los propios funcionarios del Ministerio de Justicia admiten que su presupuesto anual es mínimo (sólo US$62 millones), y el único recurso que les sobra para implementar políticas para el área penitenciaria es la buena voluntad.

No hay suficiente ni adecuada formación del personal que trabaja en las cárceles, ni defensores públicos, ni dinero para elaborar estadísticas para enfrentar los principales problemas del sector y los procesos en los tribunales tienen demoras de años.

 

En el Ministerio de Justicia estiman que en 2007 habrá 476.000 presos en las cárceles brasileñas, desde los 330.000 de la actualidad.

Según Kuehne, hay que buscar castigos alternativos para quienes delinquen, que no impliquen la reclusión total.

En Brasil cada preso le cuesta al Estado unos US$7.900, y aún así no se logra reeducar a la población penitenciaria: el 80% reincide en el crimen, con lo que el problema se reproduce.

Universidades del crimen

Mario Angelo, Universidad de Brasilia

Mario Angelo, de la Universidad de Brasilia, es un estudioso de la problemática carcelaria.

«Las cárceles son universidades del crimen, allí el ocio hace que la mayoría aprenda lo que no sabía. El problema es que muchos de esos presos terminan sus condenas y salen estigmatizados y sin saber qué hacer con sus vidas; esa vulnerabilidad es muy aprovechada por el crimen organizado para reclutarlos», dice Mario Angelo, profesor de la Universidad de Brasilia, activista e investigador de temas penitenciarios.

Según Angelo, el gran problema es la carencia de políticas públicas para la población carcelaria.

«Pensar que porque esta gente está presa se acaba el problema de la violencia aquí afuera es querer tapar el sol con un colador», ilustra Angelo.

(1) Nombre ficticio a pedido del entrevistado

http://www.bbc.co.uk/mundo/ayuda/2009/04/000000_ayuda_version_texto.shtml